En motivo de la ‘11a Jornada de Juristes por la Llengua’, la Asociación Súmate expresa su posicionamiento ante el uso del castellano y el catalán en la futura República catalana.
La Constitución tiene que explicitar claramente el concepto de oficialidad lingüística, para evitar interpretaciones interesadas, y hablar de lenguas oficiales porque todo el mundo se sienta identificado.
La lengua propia, oficial y vehicular de la República catalana será el catalán, como lengua transversal del país y vertebradora de la sociedad catalana, sin perjuicio de todas las otras lenguas, oficiales o no, que se hablen. Ningún ciudadano no podrá ser discriminado por razones lingüísticas.
Apostamos porque el catalán sea la lengua vehicular a las instituciones, administraciones públicas y los medios de comunicación. Así como su reconocimiento en un sistema educativo inclusivo y universal sin distinción por lenguas. Aun así, también tiene que quedar garantizado el conocimiento del castellano en todo el territorio catalán y el aranés en la Aran. Por lo tanto, el castellano será lengua oficial por el uso social de esta y la República tendrá que garantizar los derechos lingüísticos de los ciudadanos en relación al aprendizaje y el uso de este. En esta misma línea, consideramos que el aranés será también lengua oficial, y como tal la propia del territorio del Aran.
La República tendrá que promover la comunicación y la cooperación con los territorios otros Estados que comparten patrimonio lingüístico con Cataluña, a través de la suscripción de tratados, convenios, y otros mecanismos de colaboración para la promoción y la difusión de la lengua catalana. Este mismo también tendrá que velar por la diversidad lingüística desde la Administración, teniendo en cuenta que los derechos lingüísticos son nominativos de los ciudadanos. Desde este punto de vista, legislará las diferentes oficialidades administrativas estableciendo y diferenciando los usos administrativos del castellano, de la lengua de signos catalana y del aranés.
Además de las lenguas oficiales, la República potenciará en su sistema educativo la enseñanza de otras lenguas que tiene que favorecer una formación en lenguas extranjeras, incluidas las de la nueva inmigración, y que potencie la diversidad lingüística de la República catalana.